La I+D+i tiene el triste
récord de ser el sector que ha sufrido un mayor recorte presupuestario, en
términos porcentuales, en los últimos años, llegando hasta un 40% entre 2009 y
2013. El presupuesto para Ciencia en España ha pasado de un 0.92 a un 0.52% del PIB. La
reducción de los presupuestos no es tan solo cuantitativa, sino también
cualitativa. Más de la mitad de los fondos presupuestados (60%) en los
PGE son créditos para empresas, partidas en gran medida que no se
ejecutan, y que han de ser devueltas. Es decir, del ya exiguo presupuesto para
Ciencia una parte se realiza a través de "fondos-espejismo".
Numerosas convocatorias de financiación han desaparecido o se retrasan mientras
que las probabilidades de éxito son cada vez menores. Frente a esta situación,
la respuesta de gobierno ha sido optar por la fórmula de cofinanciación que
hace cada vez más difícil la posibilidad de mantener los gastos de personal de
cualquier laboratorio, excluyendo a un número creciente de grupos de
investigación del acceso a los fondos necesarios para desempeñar su labor.
Todo
esto ha llevado a una situación de emergencia en la ciencia española: el CSIC
al borde del colapso en varias ocasiones en los últimos dos años, despidos en
centros como el Príncipe de Asturias de Valencia o el Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas, y cientos de investigadores con años de
experiencia a su espalda abandonado el país en un auténtico exilio científico.
A
pesar de la palabrería del Gobierno sobre la mejora de la situación a partir de
este año, la realidad muestra lo contrario: el aumento presupuestario de 2014
es tan pírrico (3.6%) que nos sigue situando a los niveles de 2010,
encontrándose por debajo de la inflación prevista y siendo totalmente
insuficientes para recuperarnos de este cataclismo. Además, lo más grave es que
el eje de la política científica de este Gobierno es orientarla hacia el
mercado. Esto resultó evidente desde el momento en que englobaron la ciencia en
el Ministerio de Economía y Competitividad, pero siguen demostrándolo con otros
ejemplos como el programa Com Futuro presentado recientemente por el presidente
del CSIC, que prevé la cesión de las instalaciones del CSIC al servicio de
investigaciones de empresas. Una vez más, vemos cómo se pone patrimonio público
al servicio de intereses privados.
Exigimos
un aumento drástico de los presupuestos para I+D+i, hasta volver al menos a los
niveles de 2009. Ésta investigación debe ser fundamentalmente pública, y no al
servicio de intereses empresariales. Exigimos también condiciones laborales
dignas para las miles de personas que trabajan en investigación y que se ven
condenadas a una precariedad perpetua. Seguiremos movilizándonos junto con el
resto de sectores en lucha hasta conseguir nuestras reivindicaciones, porque
SIN CIENCIA NO HAY FUTURO.
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